En México, sólo 36 personas concentran más de 39 mil hectáreas de terrenos de propiedad social, ubicados en zonas turísticas, bosques, selvas y áreas naturales protegidas, reveló una investigación del Registro Agrario Nacional (RAN). Estos terrenos están siendo utilizados principalmente para desarrollos inmobiliarios de alta plusvalía y proyectos mineros, lo que representa un expolio de tierras ejidales, según el documento.
El informe denuncia que estos grandes acaparadores operan con falsificación de documentos, prestanombres, cooptación de ejidatarios y complicidad de autoridades en los tres niveles de gobierno. Muchos de ellos son políticos, exfuncionarios y empresarios, beneficiados por la reforma agraria de 1992 que permitió la privatización de tierras ejidales.
Entre los principales casos está Antonino Almazán Arteaga, ex funcionario del RAN, quien posee 5 mil 145 parcelas en 12 núcleos agrarios que abarcan 3 mil 63 hectáreas en Yucatán, Quintana Roo, Jalisco y Campeche, valuadas en más de 1,200 millones de pesos. Lo acompaña en la lista Carlos Alberto Génova Gamboa, artista plástico y sobrino del priista Emilio Gamboa Patrón, quien suma 4 mil 236 parcelas con 541 hectáreas.
También destacan:
• Miguel Velázquez Nieva: acusado de participar en desvíos durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, posee mil 644 hectáreas.
• Fernando Ponce García, dueño de Bepensa (embotelladora de Coca-Cola en Yucatán): 748 predios en Quintana Roo.
• Eduardo Tricio Sierra, de Grupo Lala: mil 408 hectáreas en Coahuila y Durango.
El RAN señala que el acaparamiento de tierras ejidales es la principal amenaza a la propiedad social y alerta sobre el uso de figuras legales para obtener solares de forma gratuita y venderlos sin restricciones. Uno de los casos más graves es el de Ausencio Dávila López, quien concentra 5 mil 186 solares en Quintana Roo, con 4 mil 502 hectáreas, aunque su situación aún se investiga.
Foto para fines ilustrativos de Camila Blando (unsplas)