El gobierno mexicano rechazó de manera tajante las declaraciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que acusó al Estado de permitir desapariciones de forma “generalizada o sistemática” en el país.
En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación afirmaron que el Estado mexicano no consiente, permite ni ordena la desaparición de personas como una práctica institucional, y reiteraron su compromiso con el combate a este delito.
La postura oficial surge tras los señalamientos de Olivier de Frouville, presidente del Comité de la ONU, quien el viernes aseguró que las desapariciones forzadas se dan de forma amplia en México. Ante esto, el Comité solicitó al gobierno toda la información relacionada con el tema.
En respuesta, México indicó que atenderá las solicitudes en cumplimiento con sus obligaciones internacionales y defendió las acciones que ha emprendido para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda y reformar el marco legal que permita una mejor atención al fenómeno.
En medio de estos señalamientos, el país enfrenta una grave crisis humanitaria con más de 120 mil personas desaparecidas, muchas de ellas presuntamente víctimas del crimen organizado. El caso más reciente que encendió las alarmas ocurrió en marzo, cuando colectivos de familiares hallaron un rancho en Jalisco que habría sido utilizado como centro de adiestramiento criminal, donde fueron encontrados restos calcinados y ropa.