La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó por unanimidad la Ley Número 832 para la Atención, Inclusión y Protección de Personas con la Condición del Espectro Autista en Guerrero, debido a que el Congreso local no garantizó una consulta efectiva e inclusiva a las personas directamente involucradas.
La decisión se tomó al considerar que el procedimiento legislativo violó lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, específicamente el artículo 4.3, que exige la participación activa y significativa de este sector de la población.
Aunque la ley fue aprobada el 12 de junio de 2024 por el Congreso de Guerrero con el argumento de armonizar la legislación local con la Ley General de 2011, la Corte concluyó que no se acreditó una convocatoria abierta, accesible ni representativa.
La SCJN otorgó un plazo de 12 meses para que el Congreso estatal realice una consulta adecuada y emita una nueva legislación que cumpla con los principios de inclusión y participación.