La detención del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, destapó una red de colaboración entre autoridades locales y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que operaba en un predio conocido como el “rancho del horror”, a poco más de una hora de Guadalajara. En una audiencia realizada el domingo, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que Murguía no solo recibía pagos mensuales del grupo delictivo, sino que participó directamente en sus actividades, incluyendo el presunto manejo de restos humanos.
El rancho, ubicado en el municipio jalisciense, cobró notoriedad en marzo tras la denuncia de Guerreros Buscadores, un colectivo de familiares de personas desaparecidas que encontró fragmentos óseos, ropa y posibles restos calcinados. Desde entonces, la FGR y el Gobierno federal han intentado desmarcarse del concepto de “centro de exterminio”, aunque las evidencias apuntan a un sitio utilizado para el reclutamiento, operaciones y posiblemente cremaciones ilegales.
Durante la audiencia, los fiscales señalaron que el alcalde del partido Movimiento Ciudadano no solo tenía conocimiento del funcionamiento del rancho, sino que habría prestado recursos municipales, incluyendo armas y policías, al CJNG para perseguir y someter a víctimas. También se mencionó que Murguía arrojó restos humanos en una zanja del predio, lo que complica aún más su situación legal.
Aunque la FGR ha intentado minimizar el uso del rancho como crematorio, un informe citado por El País documenta que en 2019 ya existía evidencia de altas concentraciones de cenizas y humo, producto de quemas con diésel, gasolina o llantas. La Guardia Nacional incluso detuvo a 10 personas en el lugar en 2024 y rescató a dos víctimas, pero el sitio fue abandonado por las autoridades hasta que los colectivos intervinieron este año.
Este caso evidencia una grave omisión institucional y apunta a un entramado de complicidad entre el crimen organizado y funcionarios públicos, incluso al más alto nivel local. En las siguientes audiencias podrían salir más detalles sobre la protección oficial al CJNG y el abandono en que quedó una zona conocida por su actividad criminal.