La reciente reforma a la Ley de Ciberseguridad en Puebla ha encendido las alarmas entre periodistas, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos. El nuevo articulado del Código Penal establece penas de entre once meses y hasta tres años de prisión, además de multas económicas, por insultar o vejar a personas a través de redes sociales, bajo la figura del delito de “ciberasedio”.
Aunque la reforma fue promovida como una herramienta para proteger a menores y personas vulnerables en el entorno digital, colectivos como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla advierten que podría usarse de forma arbitraria contra comunicadores, activistas y ciudadanos críticos, en un contexto estatal donde el gremio periodístico ya enfrenta un historial de acoso judicial.
El cambio más polémico se encuentra en el nuevo artículo 278 Decies del Código Penal poblano, que define el ciberasedio como el uso reiterado de plataformas digitales para insultar, ofender o agraviar, siempre que se cause un “menoscabo en la integridad física o emocional” de la víctima. La ambigüedad en los términos y la falta de criterios técnicos para establecer cuándo se incurre en este delito, son algunos de los puntos más cuestionados por las organizaciones civiles.
“Es un riesgo directo a la libertad de expresión. Las definiciones vagas permiten su aplicación discrecional, especialmente contra medios o periodistas que publican información de interés público”, advirtió Artículo 19, señalando que en Puebla ya existen 22 procesos judiciales abiertos contra periodistas por su trabajo, acumulados en los últimos siete años.
El colectivo Ciudadanía Organizada de Puebla ha calificado esta legislación como una “Ley Mordaza”, al considerar que criminaliza la crítica y coarta el ejercicio ciudadano de opinión en el espacio digital, bajo el pretexto de combatir delitos cibernéticos. “No protege, intimida”, sentenciaron desde sus redes sociales.
En respuesta a las crecientes críticas, Laura Artemisa Jiménez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local y principal impulsora de la reforma, ha defendido la ley asegurando que su objetivo es proteger a niñas, niños y adolescentes, al tiempo que ha prometido reunirse con organizaciones como el Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas (CONAPA) para analizar ajustes si fueran necesarios.
“Los derechos a la libertad de expresión están garantizados y se fortalecerán”, difundió Artemisa en redes sociales, mientras el Congreso local sostiene que el estado de Puebla ocupa el quinto lugar nacional en incidencia de ciberdelitos, lo que justifica –según su visión– este tipo de medidas.
Sin embargo, periodistas, académicos y activistas reiteran que la protección digital no debe ser a costa de derechos fundamentales, y exigen suspender la aplicación de la ley hasta que se garantice que no se vulnerarán garantías constitucionales.
