Con 265 votos a favor y tras una sesión maratónica de más de 10 horas, la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, una controvertida reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ahora fue turnada al Senado para su discusión y eventual aprobación.
La nueva ley, apoyada por Morena, PT y PVEM, concede a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acceso a al menos 22 bases de datos públicos y privados —entre ellas registros de salud, información financiera y telefónica— con el fin de crear una Plataforma Central de Inteligencia que permita combatir la delincuencia organizada y común.
El órgano encargado de operar esta plataforma será el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que ahora podrá sistematizar y analizar estos datos para tareas de seguridad pública.
Activistas denuncian posible estado de vigilancia
La iniciativa fue fuertemente criticada por organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión, como Artículo 19, R3D, Fundar, Amnistía Internacional México y México Unido Contra la Delincuencia. Las organizaciones advierten que esta ley expande el poder de vigilancia del Estado mexicano sin controles democráticos ni supervisión judicial efectiva.
En un pronunciamiento conjunto, alertaron que las reformas “abren la puerta a un Estado de vigilancia sin contrapesos”, pues se permite el acceso masivo a datos personales, operaciones encubiertas y vigilancia en tiempo real, sin salvaguardas claras ni mecanismos de rendición de cuentas.
El paquete legislativo forma parte de las reformas en seguridad pública impulsadas por el nuevo gobierno federal. La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia es reglamentaria del artículo 21 constitucional y se acompaña de cambios a la Ley de la Guardia Nacional y a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.