Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, acusó este viernes al gobierno federal de ejercer presión política sistemática mediante el uso de instituciones del Estado, en respuesta a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y la procuradora fiscal Grisel Galeano, quienes señalaron públicamente los adeudos fiscales de la empresa con el SAT, que ascienden, según el gobierno, a 74 mil millones de pesos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que con la llegada de nuevos ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se garantizará el pago de esos impuestos. “No creo que la Corte de los ministros que están ahora se vaya a atrever a hacer algo en contra del pueblo de México”, aseguró Sheinbaum.
La procuradora fiscal complementó señalando que existen tres casos en la SCJN por un monto de 26 mil millones de pesos y que el grupo empresarial ha usado hasta 29 recursos legales para aplazar los procesos desde 2008, 2010 y 2013.
Ante estos señalamientos, Grupo Elektra denunció públicamente que estas declaraciones representan un nuevo episodio de “acoso sistemático” y acusó que la procuradora fiscal está ejecutando actos fuera del marco legal, refiriéndose a las acciones como “extorsión fiscal impropia de un Estado de derecho”.
“Los supuestos adeudos presentados son cobros dobles, abusivos e ilegales hechos por el corrupto SAT para cubrir los huecos que dejaron las obras faraónicas del sexenio pasado”, expuso en su comunicado.
El grupo empresarial calificó de inaceptable que se anule el debido proceso y la presunción de inocencia, afirmando que se busca imponer una narrativa oficial sin derecho a réplica. “¡No nos van a silenciar!”, concluyó el pronunciamiento.
Por su parte, Ricardo Salinas Pliego, a través de su cuenta en X, escribió:
“Lo que buscan es distraer la atención de las 22 leyes y reformas con las que pretenden apropiarse de todo lo que puedan robarle al pueblo de México, mientras destruyen la república”.
El caso se inscribe en un contexto más amplio, donde la administración actual ha insistido en hacer cumplir el cobro de impuestos a grandes contribuyentes. Sin embargo, la confrontación pública con empresarios como Salinas Pliego marca una nueva etapa en el debate sobre la justicia fiscal y la independencia de los poderes.