La decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer un arancel del 17.09% al jitomate mexicano encendió las alarmas en ambos lados de la frontera. La medida, resultado del rompimiento del Acuerdo de Suspensión Antidumping, responde a presiones de productores en Florida, quienes acusan a México de vender por debajo del precio justo. Sin embargo, el gobierno mexicano considera que se trata de una maniobra política.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, pese al nuevo impuesto, el jitomate seguirá cruzando hacia el mercado estadounidense, ya que representa dos de cada tres tomates consumidos en ese país. Con más de 4 mil 300 millones de libras exportadas anualmente, sustituir al producto mexicano a corto plazo es inviable.
A pesar de que el arancel lo paga el exportador al entrar a Estados Unidos, el costo se trasladará a los consumidores, quienes verán aumentos en el precio del jitomate y productos derivados como salsas, ensaladas y comidas rápidas.
El sector tomatero mexicano, que genera exportaciones por 2 mil 800 millones de dólares anuales, recibirá apoyo del gobierno mexicano, que ya prepara medidas para proteger a los productores. También se ha señalado que la medida podría formar parte de un conflicto mayor, ante la posible imposición de un arancel del 30% a todas las exportaciones mexicanas fuera del TMEC, impulsado por el presidente Donald Trump.
Mientras tanto, la disputa evidencia la fragilidad de la relación comercial entre ambos países y pone en riesgo la estabilidad de una industria construida durante más de un siglo.