El Congreso de México aprobó el 1 de julio de 2025 una nueva Ley de Telecomunicaciones que ha encendido la preocupación por un posible aumento en la vigilancia estatal. La ley elimina al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), bajo control del Ejecutivo.
Entre los cambios más controversiales está la obligación de registrar todas las líneas móviles con CURP y entregar datos como ubicación en tiempo real y llamadas, sin requerir orden judicial explícita. Esto ha generado críticas por parte de expertos en derechos humanos, quienes advierten riesgos para la privacidad.
Según cifras del INEGI, más del 90% de los mexicanos usa celular. Por eso, el impacto es nacional. La reforma plantea dudas sobre el equilibrio entre seguridad, derecho a la privacidad y el futuro de la economía digital en México.