Desde el 2023, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) señaló que el gobierno federal tendría un ajuste fiscal para reducir los máximos históricos en el nivel de endeudamiento, y que este se daría mediante recortes en el gasto público, o bien, por un incremento en los ingresos. Esta situación también repercutió en el crecimiento económico registrado en 2024, el cual fue de 1.5%, menor al rango 2.5-3.5% estimado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Ante este panorama, el CIEP refiere que el 70.1% del ajuste fiscal realizado por el gobierno federal durante los primeros cinco meses de 2025 provino de recortes a la inversión física y financiera del sector público.
En el documento ‘Ajuste fiscal, inversión pública y crecimiento’, el CIEP expone que lo anterior llevó a que la inversión pública se ubicara en su nivel más bajo desde 1993: 2.2% del PIB. Como resultado, se estima un impacto negativo de 0.6 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento económico, la cual fue de 0.8% al primer trimestre del año.
Los recortes en el gasto de inversión física en clasificación funcional se observaron en áreas primordiales como Seguridad nacional (-78.1%), Protección ambiental (-95.0%) Salud (-59.7%), Recreación cultura y otras manifestaciones sociales (-86.7%) y Transporte (52.3%), por mencionar algunas que tendrán impacto en la calidad de vida de la población.
La presión por contener el endeudamiento ha recaído en la inversión pública, un patrón que México repite desde hace décadas, y que alimenta un círculo vicioso: menos inversión, menos crecimiento y, en consecuencia, menor recaudación tributaria.
Para contrarrestar estos efectos, el gobierno lanzó el Plan México, una estrategia que busca reactivar la economía a través de la relocalización industrial y estímulos fiscales por 30 mil mdp pesos a 2030. Sin embargo, su alcance ha sido limitado, pues además del ajuste fiscal se presenta en un contexto de elevada incertidumbre por las tensiones geopolíticas y comerciales a nivel global.
Para garantizar un crecimiento sostenido, es fundamental replantear la forma en que se ejerce el ajuste fiscal, evitando sacrificar la inversión estratégica. El fortalecimiento de los ingresos públicos, la innovación en esquemas de inversión pública y privada, y la coordinación interinstitucional deben formar parte de una nueva agenda de desarrollo económico sostenible.