La Cámara Alta de Rusia aprobó el pasado viernes una nueva ley de censura que extiende el control estatal sobre los usuarios de internet, al castigar con multas a quienes simplemente busquen contenido considerado “extremista” por el gobierno. Esta medida, que también sanciona la promoción de servicios VPN, ha sido duramente criticada por activistas y figuras públicas, incluso por simpatizantes del Kremlin.
La ley establece multas de hasta 55 euros (64 dólares) por buscar materiales incluidos en una extensa lista que elabora el Ministerio de Justicia ruso, la cual ya contiene más de 5,000 entradas. Aunque supuestamente está enfocada a evitar la incitación al odio interétnico, en la práctica incluye libros, canciones, obras visuales y textos que critican al gobierno o cuestionan la guerra en Ucrania.
Para opositores como Boris Nadezhdin, quien fue vetado de las elecciones presidenciales de 2024, la legislación marca una nueva etapa en la represión de las libertades: “Primero prohibieron sitios web. Ahora castigan a quienes buscan información. Esto ya se acerca al delito de pensamiento”, declaró durante una protesta frente al Parlamento, citando la novela 1984 de George Orwell.
La protesta fue pequeña pero significativa en el actual contexto de represión. Una pancarta decía: “Por una Rusia sin censura. Orwell escribió una distopía, no un manual”.
El alcance de la ley es difuso. Aunque funcionarios intentan calmar a la población asegurando que la medida no afectará a “usuarios ocasionales”, no hay una definición clara de qué constituye una búsqueda sistemática. Además, expertos como Dmitry Zair-Bek, del grupo de derechos humanos Pervy Otdel, alertan que los dispositivos móviles serán cada vez más inspeccionados, sobre todo en fronteras, abriendo la puerta al abuso policial y la persecución arbitraria.
Incluso Margarita Simonyan, editora en jefe de RT y cercana al Kremlin, criticó la norma: “Esta ley me impediría investigar a grupos verdaderamente extremistas”.
Censura creciente
Desde el inicio de la invasión a Ucrania, el Kremlin ha aumentado su ofensiva contra la libertad de expresión. Han sido aprobadas leyes que castigan con cárcel o multas llamar “guerra” al conflicto ucraniano o difundir información contraria a la narrativa oficial. A finales de 2024, la organización Memorial reportó más de 10,000 presos políticos en el país.
Con la firma de Vladimir Putin, esta nueva legislación podría marcar un punto de no retorno en la digitalización del autoritarismo ruso, criminalizando el simple acto de buscar información y consolidando un modelo de control estatal total sobre el pensamiento y la expresión.