De acuerdo con la recién publicada Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, el gasto de bolsillo en salud continúa en ascenso. Además, los resultados revelan que las desigualdades en el acceso a servicios públicos de salud se profundizan y que la afiliación no garantiza el uso efectivo a los mismos.
Ante este contexto, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), analizó el gasto de bolsillo en salud registrado en 2024, así como el flujo de población que requirió y recibió atención médica. En el documento “Gasto de bolsillo en salud. Resultados de la ENIGH 2024”, el CIEP refiere que, a nivel nacional, el gasto promedio anual por hogar en salud aumentó 7.9% respecto a 2022, alcanzando los $6,421 pesos. Sin embargo, este incremento fue más marcado en los hogares con menores ingresos, donde el aumento fue de hasta 23%.
La compra de medicamentos representa el componente más grande del gasto en salud: 38% en promedio, y hasta el 50% en hogares de menores ingresos. Esta situación podría estar asociada con barreras para acceder a consulta médica o a medicamentos gratuitos.
Además, aunque a nivel nacional se redujo ligeramente el número de hogares con gasto catastrófico (más del 30% en salud respecto del total) y gasto empobrecedor (insuficiente para cubrir alimentos), en los deciles de menores ingresos hay 9 mil 651 hogares más con gasto catastrófico y 10 mil 459 hogares más con gasto empobrecedor, lo que refleja que el sistema no protege adecuadamente a quienes más lo necesitan, pues las familias de menores ingresos enfrentan una mayor carga financiera para acceder a servicios de salud.
La ENIGH 2024 también muestra que 82 millones de personas reportan estar afiliadas a alguna institución pública, esto es el 63.4% de la población. Sin embargo, un mayor número de afiliación no garantiza la atención efectiva, pues 6 de cada 10 personas que requirieron atención médica, se atendieron en establecimientos privados o farmacias.
El CIEP refiere que una baja inversión pública en salud impacta en la economía de los hogares, pues el gasto de bolsillo se mantiene incluso entre población afiliada al IMSS o ISSSTE, lo que apunta a una insuficiencia estructural del financiamiento público. La desvinculación entre afiliación y uso efectivo obliga a miles de hogares a destinar recursos propios para atender su salud.
Urge rediseñar la política de salud desde una perspectiva de equidad y eficiencia. Esto implica mejorar la cobertura efectiva, garantizar abasto de medicamentos, reducir el uso privado por necesidad y no por elección y priorizar la inversión pública en salud, especialmente para los grupos más vulnerables.