La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) propuso a principios de año al gobierno de Donald Trump una serie de opciones que incluían ataques selectivos y la destrucción de infraestructura relacionada con el narcotráfico en México, según reveló The Washington Post. La iniciativa, que contemplaba desde asesinatos selectivos hasta bombardeos a laboratorios, generó preocupación en la Casa Blanca y el Pentágono, por lo que finalmente no se ejecutó.
De acuerdo con la investigación periodística, Derek S. Maltz —administrador interino de la DEA entre enero y mayo— defendió públicamente la idea de golpear laboratorios y atacar a “líderes del comando de control” en México, argumentando que “los cárteles han matado a más estadounidenses que cualquier organización terrorista en la historia de Estados Unidos”. Maltz sostuvo que su preferencia era actuar en “colaboración y cooperación” con México, aunque dijo sentirse obligado a priorizar la protección de ciudadanos estadounidenses.
Fuentes consultadas por el diario explicaron que el Pentágono y asesores de la Casa Blanca frenaron la propuesta. Entre las razones citadas estuvo la falta de autoridad legal para realizar operaciones letales en territorio extranjero únicamente por la designación de organizaciones como “terroristas”, además del riesgo de escalada regional y las implicaciones diplomáticas. Legisladores republicanos, sin embargo, analizan propuestas para otorgar facultades específicas que autoricen al presidente a usar la fuerza contra los cárteles.
La publicación del Washington Post llega en un contexto de mayor beligerancia de la Casa Blanca contra el narcotráfico: la administración Trump declaró a varios cárteles mexicanos como organizaciones terroristas y ordenó acciones militares en aguas internacionales, incluidas operaciones que terminaron con la destrucción de embarcaciones ligadas al tráfico de drogas. Tras esos ataques, el propio presidente afirmó haber observado una reducción en el tráfico marítimo, aunque admitió que el contrabando continúa por tierra.
Expertos consultados por el medio subrayaron los riesgos estratégicos y legales de realizar incursiones militares en territorio soberano sin acuerdos multilaterales claros. También alertaron sobre las consecuencias humanitarias y sobre la posibilidad de que tales medidas provoquen un aumento de la violencia y tensiones diplomáticas con México.
El tema abre un debate sobre la línea entre cooperación internacional y acciones unilaterales en la guerra contra las drogas, y plantea preguntas sobre la capacidad del marco legal y las instituciones para abordar un fenómeno que mezcla crimen organizado, seguridad nacional y política exterior.
Foto ilustrativa de ZN con IA