En el marco de la presentación del Paquete Económico 2026 y la discusión del mismo en el Congreso, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) presentó el análisis “Deuda creciente por presiones estructurales. Análisis del endeudamiento en México”, en el que se examina la evolución de la deuda pública y sus implicaciones para la sostenibilidad fiscal del país.
En México, el endeudamiento no responde sólo a crisis coyunturales, sino también a presiones estructurales que no desaparecerán en el corto plazo, tales como: pensiones, costo financiero de la deuda y caída de ingresos petroleros. Aunque el indicador de deuda como porcentaje del PIB se prevé estable en 52.3%, para evaluar la carga real que enfrenta la hacienda pública y sus consecuencias en el bienestar, la equidad intergeneracional y el futuro de la política fiscal, el CIEP estimó el porcentaje de la deuda como proporción de los ingresos públicos y en términos per cápita.
La deuda respecto a ingresos presupuestarios para 2026 equivaldría a 232%, lo que significa que se requerirían más de dos años de recaudación para cubrir el saldo de los pasivos. Adicionalmente, la deuda alcanzaría aproximadamente 151 mil pesos por habitante en 2026, con una tendencia creciente hacia 2031.
Estos indicadores muestran que, aun con los escenarios de consolidación planteados en los Criterios Generales de Política Económica 2026, la presión sobre las finanzas públicas y la población seguirá aumentando. Tan sólo para el próximo año se destinarán 4.1% del PIB al costo financiero de la deuda, por encima del 2.6% del PIB que se destina a salud.
El CIEP advierte que mantener una trayectoria creciente de deuda podría implicar menos gasto en la inversión pública, lo que pondría en riesgo el crecimiento económico, la productividad —que hoy se encuentra en niveles mínimos— y la recaudación futura.
La sostenibilidad fiscal no puede evaluarse únicamente con el indicador deuda/PIB. Es indispensable adoptar una visión más amplia que considere los compromisos intergeneracionales y los efectos sobre el bienestar social. Por ello, el análisis concluye que México requiere una reforma fiscal integral y responsable que garantice la estabilidad macroeconómica, pero también la equidad, la eficiencia del gasto y la protección de derechos sociales.
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