El Senado dio un paso decisivo en la ruta de la reforma a la Ley de Amparo, luego de que las Comisiones Unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público, y Estudios Legislativos aprobaron el dictamen enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 15 de septiembre. El documento fue ajustado durante la noche del martes para suavizar algunos de los puntos más polémicos, particularmente el concepto de “interés legítimo”. Ahora se espera que el Pleno lo someta a votación en cuestión de horas.
La propuesta, considerada una de las apuestas centrales del Gobierno federal en este primer año de gestión, pretende agilizar los procesos judiciales y evitar que el recurso sea utilizado “por quienes quieren evadir la justicia”, en palabras de la mandataria. Sin embargo, especialistas, abogados y organizaciones civiles advierten que las modificaciones representan un retroceso en el acceso a la justicia, al restringir la participación de colectivos y limitar las suspensiones que actualmente frenan actos de autoridad hasta determinar su legalidad.
Entre los cambios más cuestionados se encuentra la redefinición del interés legítimo, que ahora deberá acreditarse de manera concreta, directa y personal, lo que restringe la posibilidad de que organizaciones sociales o ambientales promuevan amparos colectivos, como ocurrió con las obras del Tren Maya. También preocupa la limitación de suspensiones, pues, según expertos como Javier Martín Reyes, “sin las suspensiones, el amparo se convierte en ficción”.
Pese a los ajustes de última hora, especialistas como el abogado Luis Eliud Tapia insisten en que la reforma “está más pensada en las autoridades que en las personas”, mientras que otros señalan que puede complicar la defensa en casos graves como desapariciones forzadas o megaproyectos que impacten la vida de comunidades enteras.