El Sistema Nacional de Cuidados (SNC) representa para la Administración Federal actual, un eje de política pública enfocado en garantizar los derechos humanos y la inclusión de personas que en alguna etapa de su vida requerirán apoyos específicos para su desarrollo, así como para reducir las desigualdades de género e impulsar el bienestar.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) analizó la incorporación, por primera vez en el PPEF, del Anexo Transversal 31: Consolidación de una Sociedad de Cuidados, el cual, a pesar de representar un cambio relevante, plantea algunas interrogantes respecto a los programas incluidos, su diseño, el alcance de los recursos y la forma en cómo pueden contribuir a la consolidación de este Sistema.
El Anexo 31, reporta un total de 466 mil 674.9 mdp, equivalente al 4.6 % del gasto neto total y al 1.2 % del PIB. Sin embargo, llama la atención que concentra más del 80 % de los recursos en tres Programas Presupuestarios (PPs): Beca Universal para Educación Básica Rita Cetina (27.7 %); Servicios de Atención a la Salud del IMSS (27.2 %); y la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (26.4 %).
La creación del Anexo 31 subraya que una mayor visibilidad del gasto no necesariamente se traduce en una política integral de cuidados, pues no se identificaron criterios definidos que permitan estructurar integralmente un SCN ni para evaluar la suficiencia de los recursos.
los programas identificados con potencial para integrar un SNC, es decir, que tienen una vinculación directa con los cuidados, concentrarían un gasto de 38 mil 596.1 mdp. Este monto representaría una disminución de 18.6 % en términos reales respecto a lo aprobado en 2025. La reducción evidencia que, a pesar de la creación del Anexo 31, los programas directamente vinculados a los cuidados registrarían una disminución en el gasto.
La política de cuidados enfrenta el desafío de ir más allá de las transferencias monetarias y consolidar infraestructura y los servicios públicos que permitan reducir, redistribuir y remunerar el trabajo de cuidados en todo el país. Para ello se requiere no solo un mayor financiamiento, sino también una planeación que alinee el gasto con metas de igualdad y justicia social.