El Senado de la República aprobó con amplia mayoría —110 votos a favor— una reforma que fortalece el marco legal para combatir la extorsión en México. Con este dictamen se crea la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, además de modificar diversos ordenamientos para aumentar castigos tanto a delincuentes como a funcionarios que permitan o faciliten estas actividades.
El proyecto incluye reformas al Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entre los cambios más relevantes está el incremento en las penas: la nueva ley establece castigos que van de 15 a 25 años de prisión para quienes cometan extorsión, muy por encima de los 6 a 15 años contemplados originalmente por la Cámara de Diputados.
El Senado también aprobó sanciones específicas para servidores públicos. Los funcionarios responsables de prevenir, investigar, perseguir delitos, impartir justicia o vigilar centros penitenciarios enfrentarán entre 10 y 20 años de cárcel si omiten denunciar actos de extorsión ante el Ministerio Público. Cuando autoridades penitenciarias faciliten la operación de estos delitos, la pena será de 15 a 25 años, con un aumento adicional de 3 a 5 años como agravante.
Otro punto clave es que, por primera vez, se establece que todas las autoridades involucradas deberán actuar con estricto respeto a los derechos humanos. El dictamen contempla también la creación de unidades especializadas en fiscalías federales y estatales, con personal capacitado y certificado para investigar extorsiones. Mientras se implementan estas áreas, las unidades antisecuestro asumirán temporalmente estas investigaciones.
La reforma va más allá de las sanciones directas. Para quienes introduzcan dispositivos electrónicos a centros penitenciarios o de internamiento sin autorización, la pena será de 6 a 12 años de prisión. Además, los recursos obtenidos por decomisos o extinción de dominio en casos de extorsión serán destinados preferentemente a la reparación de los daños de las víctimas.
Dado que el Senado realizó cambios importantes respecto a la minuta original, el proyecto regresará a la Cámara de Diputados para su análisis final y eventual aprobación.
