México cerró de manera definitiva el programa de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolate”, con la firma de un decreto por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2025. La medida pone fin al esquema iniciado en 2022 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que permitió la legalización simplificada de millones de unidades importadas de forma irregular, principalmente desde Estados Unidos.
De acuerdo con cifras oficiales, el programa permitió regularizar más de 3 millones de vehículos hasta agosto de 2025 y se estima que al cierre la cifra superó los 3.5 millones. El trámite tenía un costo único de 2,500 pesos por unidad y generó una recaudación superior a los 7,500 millones de pesos, recursos que fueron destinados a obras de infraestructura, principalmente pavimentación, en 16 estados del país. Baja California encabezó la lista con casi medio millón de regularizaciones, seguido de Sonora, Chihuahua y Tamaulipas.
Aunque el programa fue bien recibido por sectores populares al ofrecer certeza jurídica y movilidad a bajo costo, enfrentó fuertes críticas de la industria automotriz, en particular de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, que advirtió durante años que la regularización fomentaba el contrabando y afectaba la venta de vehículos nacionales. Con el cierre del esquema, la importación de autos usados deberá sujetarse nuevamente a las normas generales de comercio exterior, incluyendo aranceles elevados y certificaciones ambientales conforme al T-MEC.
El fin del programa también impacta a miles de propietarios que recurrieron a juicios de amparo para sortear la restricción de que los vehículos debían estar en México antes del 19 de octubre de 2021. Autoridades federales, como el Servicio de Administración Tributaria, han intensificado las revisiones y el decomiso de unidades que presentan irregularidades, incluso aquellas regularizadas con amparo o mediante esquemas híbridos como el pedimento A3. Ante este escenario, especialistas recomiendan verificar el estatus legal del vehículo en plataformas oficiales como el REPUVE para evitar sanciones o pérdidas económicas.
El cierre definitivo del programa marca un giro en la política vehicular del país, orientado a fortalecer la formalidad, proteger a la industria automotriz nacional y reforzar el control aduanero, aunque deja abierta la discusión sobre el impacto económico y social en comunidades que dependían de estos vehículos como una opción accesible de transporte.
