México enfrenta un escenario político complejo de cara a 2026, marcado por factores internos y externos que podrían incidir en la gobernabilidad, la estabilidad institucional y el desempeño económico del país. Así lo advierte el análisis “Diez riesgos políticos para 2026”, elaborado por la consultora Integralia, en el que se identifican los principales desafíos que podrían configurar el entorno político durante el segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El documento señala que, aunque el nuevo gobierno inicia con altos niveles de respaldo político y control legislativo, persisten riesgos estructurales relacionados con seguridad, economía, relación con Estados Unidos, polarización política y capacidad institucional, los cuales podrían intensificarse conforme avance el sexenio.
Seguridad y violencia, un desafío persistente
Uno de los principales riesgos identificados es la evolución de la violencia y la inseguridad en el país. Integralia señala que, pese a las reducciones recientes en homicidios dolosos reportadas por el Gobierno federal, la persistencia de organizaciones criminales con alto poder territorial y económico representa un reto constante para el Estado mexicano.
El análisis indica que la capacidad de adaptación de los grupos delictivos, así como su diversificación hacia delitos como la extorsión, el tráfico de personas y el control de economías locales, podría limitar los efectos de las estrategias de seguridad y generar focos de inestabilidad regional en 2026, particularmente en entidades con alta incidencia delictiva .
Reforma electoral y tensiones institucionales
Otro riesgo relevante es el proceso de discusión y eventual aprobación de una reforma electoral. De acuerdo con Integralia, los cambios propuestos al sistema electoral, como la reducción de recursos a partidos políticos, la modificación del número de legisladores o la eliminación de plurinominales, podrían generar tensiones entre poderes, organismos autónomos y fuerzas políticas de oposición.
El documento advierte que una reforma percibida como poco consensuada podría detonar controversias legales, protestas políticas o cuestionamientos sobre la autonomía de las autoridades electorales, en un contexto donde ya existe polarización política elevada .
Presión económica y finanzas públicas
En el ámbito económico, Integralia identifica riesgos asociados al crecimiento económico limitado, el déficit fiscal y la presión sobre las finanzas públicas. El análisis subraya que el aumento del gasto social, los proyectos de infraestructura heredados y las nuevas prioridades del gobierno podrían restringir el margen de maniobra presupuestal en 2026.
Además, se advierte que un entorno internacional adverso, con menor crecimiento global o mayor volatilidad financiera, podría afectar la inversión, el tipo de cambio y la recaudación, incrementando la presión sobre el gobierno federal y los estados .
Relación con Estados Unidos y factores externos
El informe también destaca la relación bilateral con Estados Unidos como un factor de riesgo político. Temas como migración, seguridad fronteriza, combate al narcotráfico y comercio podrían generar tensiones, especialmente ante cambios en la agenda política estadounidense o presiones para que México adopte medidas más estrictas en materia migratoria.
Integralia señala que cualquier deterioro en la relación bilateral tendría impactos directos en la economía, la cooperación en seguridad y la percepción internacional sobre la estabilidad del país .
Polarización política y gobernabilidad
La polarización política es otro de los riesgos señalados. El documento indica que la confrontación entre el bloque gobernante y la oposición podría intensificarse conforme se acerquen los procesos electorales intermedios, lo que podría dificultar la construcción de acuerdos legislativos y afectar la gobernabilidad.
Este entorno podría reflejarse en protestas sociales, conflictos entre gobiernos estatales y federales, así como en un mayor uso político de las instituciones y los programas públicos .
Capacidad institucional y operación del Estado
Integralia también advierte sobre riesgos relacionados con la capacidad operativa del Estado. La implementación de nuevas políticas públicas, reformas administrativas y programas sociales dependerá de la fortaleza de las instituciones, la profesionalización del servicio público y la coordinación entre niveles de gobierno.
El análisis subraya que debilidades en la gestión pública o en los sistemas de control podrían traducirse en fallas de implementación, corrupción o ineficiencia, con impactos políticos relevantes en 2026 .
Conflictos sociales y demandas ciudadanas
Otro punto relevante es el aumento potencial de conflictos sociales vinculados a demandas laborales, ambientales, educativas y de servicios públicos. Integralia señala que la combinación de expectativas sociales elevadas y limitaciones presupuestales podría detonar movilizaciones y protestas en distintas regiones del país.
Estos conflictos, de no ser atendidos de manera efectiva, podrían escalar y convertirse en factores de desgaste político para el gobierno federal y los gobiernos locales .
Escenario político rumbo a 2026
El informe concluye que 2026 será un año clave para evaluar la capacidad del gobierno de Claudia Sheinbaum para gestionar riesgos políticos, mantener la estabilidad y avanzar en su agenda de gobierno. Integralia subraya que la atención oportuna de estos diez riesgos será determinante para evitar crisis políticas y preservar la gobernabilidad.
El documento plantea que, aunque el contexto presenta desafíos importantes, la forma en que el gobierno administre estos riesgos definirá el rumbo político del país en la antesala de los próximos procesos electorales .
