El empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, presentó este martes una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano, al que acusa de ejercer una persecución política sistemática en su contra desde 2023.
La denuncia fue entregada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) al relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca. El expediente consta de más de 100 páginas y, de acuerdo con el empresario, documenta presuntos actos de hostigamiento institucional, como auditorías excesivas, campañas de desprestigio, presiones judiciales y señalamientos públicos desde el gobierno federal.
A través de redes sociales, Salinas Pliego afirmó que el acoso incluye persecución fiscal, judicial y administrativa, y que estaría coordinado para “intimidar, desgastar y callar” a quienes critican al gobierno. Sostuvo que ha sido mencionado en más de 600 ocasiones en conferencias matutinas, con acusaciones de evasión fiscal y cuestionamientos a su postura política.
El empresario subrayó que, a su juicio, el caso no se limita a una disputa personal, sino que podría sentar un precedente que afecte la libertad de expresión y el Estado de derecho en México, al considerar que se utiliza al aparato del Estado para presionar a opositores y críticos.
Por su parte, la CIDH confirmó la recepción del expediente y señaló que será analizado conforme a sus procedimientos internos. En un comunicado adicional, Grupo Salinas indicó que la denuncia busca evidenciar un patrón de hostigamiento que, asegura, podría afectar no solo a empresarios, sino también a opositores políticos y ciudadanos críticos del gobierno.
De acuerdo con el documento presentado, los señalamientos públicos contra Salinas Pliego se habrían originado durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y continuarían en la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El empresario sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia de criminalización de la crítica y de presión institucional.
Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una postura oficial sobre la denuncia presentada ante el organismo interamericano.
