El sistema de pensiones en México enfrenta un punto crítico marcado por el envejecimiento de la población, el aumento del gasto público y una brecha de género que sigue sin resolverse. Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria(CIEP) advierte que, aunque las reformas recientes mejoraron los montos para algunos sectores, también han incrementado los riesgos financieros a largo plazo.
De acuerdo con el boletín Pensiones, edad de retiro y desigualdad de género, México ofrece hoy tasas de reemplazo de hasta 132 % para trabajadores de bajos ingresos, muy por encima del promedio de la OCDE, que es de 76 %. Sin embargo, este avance convive con un retroceso en equidad: en 2024 la brecha de género en las pensiones alcanzó 35 %, una diferencia que se ha ampliado desde 2007 debido a desigualdades laborales y trayectorias de cotización más cortas para las mujeres.
El estudio señala que el gasto en pensiones ya equivale a cerca del 40 % de los ingresos tributarios y supera el 6 % del Producto Interno Bruto, convirtiéndose en uno de los principales compromisos del presupuesto federal. Esta carga limita recursos para rubros como salud, educación e inversión pública, en un contexto donde el espacio fiscal disponible ronda apenas el 1.5 % del PIB.
Otro punto de alerta es la edad de retiro. Mientras varios países ajustan este parámetro conforme aumenta la esperanza de vida, en México se mantiene fija o incluso se reduce, como ocurrió con el decreto del ISSSTE en junio de 2025. Para el CIEP, esta decisión complica el financiamiento del sistema y traslada costos a las generaciones más jóvenes.
El organismo subraya que garantizar la viabilidad del sistema de pensiones requiere vincular la edad de retiro con la longevidad, diseñar mecanismos de financiamiento más claros y atacar de raíz la desigualdad de género en el mercado laboral. Sin estos ajustes, advierte, los beneficios actuales seguirán pagándose con deuda futura.
