La compra de 571 vehículos para el Poder Judicial de la Federación, por un monto de 252 millones de pesos, ha generado cuestionamientos por la falta de estudios técnicos, análisis de mercado y transparencia en el proceso de adjudicación, realizado de manera directa por el Órgano de Administración Judicial (OAJ).
De acuerdo con información oficial, el OAJ, encabezado por Néstor Vargas Solano, justificó la renovación del parque vehicular bajo el argumento de que las unidades actuales presentan fallas recurrentes. No obstante, en el boletín difundido el pasado 23 de enero no se anexaron dictámenes técnicos, evaluaciones financieras ni documentos de seguridad que respalden la urgencia de la sustitución ni la decisión de evitar un proceso de licitación pública.
Fuentes internas del propio órgano señalan que el proveedor presuntamente beneficiado sería la empresa Jet Van Car, a la que se habrían destinado los 252 millones de pesos para la adquisición de vehículos utilizados por directivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sin embargo, dicha empresa no aparece en los registros oficiales del procedimiento ni en la información pública difundida por la institución.
Del total de unidades adquiridas, 124 corresponden a vehículos híbridos y eléctricos. Pese a ello, no se detallaron los costos de operación, consumo de electricidad ni los gastos asociados a la instalación de infraestructura de carga. Trabajadores del OAJ aseguran que actualmente no existen estaciones de carga suficientes ni un plan para su instalación, lo que incrementa las dudas sobre la planeación de la compra.
Jet Van Car es una empresa con amplio historial de contratos públicos. Datos del portal Compras MX indican que entre 2010 y 2026 ha acumulado 825 contratos federales por más de 19 mil 384 millones de pesos. Su crecimiento se dio principalmente a partir del sexenio de Felipe Calderón y continuó en administraciones posteriores.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la empresa fue inhabilitada temporalmente por incumplimientos contractuales. Además, la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías millonarias en diversos contratos y dio vista al Servicio de Administración Tributaria para investigar posibles irregularidades fiscales.
La falta de documentación pública, el uso de adjudicación directa y los antecedentes del proveedor han reavivado el debate sobre la transparencia, el gasto público y la rendición de cuentas dentro del Poder Judicial, en un contexto donde la austeridad y el uso eficiente de los recursos son temas de alta sensibilidad social.
En redes sociales:
