Familiares de tres de las 92 personas privadas de la libertad que fueron entregadas a Estados Unidos entre febrero de 2025 y enero de 2026 presentaron una denuncia penal contra la presidenta Claudia Sheinbaum y los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, a quienes acusan de los delitos de traición a la patria y coalición de servidores públicos.
En conferencia de prensa, los denunciantes y sus abogados afirmaron que los traslados se realizaron sin que existiera un procedimiento formal de extradición, ni solicitudes oficiales por parte de autoridades estadounidenses, lo que —aseguran— vulnera la Constitución, leyes nacionales y tratados internacionales suscritos por México. “Ya van 92 personas desterradas y esto sienta un precedente muy grave; mañana puede ser cualquier otro mexicano”, señalaron.
De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR), no hubo mandatos judiciales que autorizaran la entrega de los detenidos a otro país, lo que, según los quejosos, constituye una violación al debido proceso, a la seguridad jurídica y al derecho a la defensa. Los abogados sostienen que la figura bajo la cual se realizaron los traslados no está prevista ni regulada en la legislación mexicana.
Vanessa Guzmán Sánchez, pareja de Juan Pedro Saldívar Farías, alias “el Z-27”, afirmó que el envío de su familiar a Estados Unidos equivale a un destierro, una práctica expresamente prohibida por la Constitución. Señaló además que la propia presidenta habría reconocido que estas acciones derivan de acuerdos con el gobierno estadounidense, sin que se conozcan públicamente sus términos ni fundamentos legales.
En la misma conferencia participaron representantes legales de Daniel Menera Sierra e Itiel Palacios García, quienes también fueron trasladados a territorio estadounidense en distintos envíos. Los litigantes advirtieron que se trata de una práctica sistemática que podría implicar violaciones graves a los derechos humanos de decenas de personas privadas de la libertad.
Los abogados consideraron que estos hechos afectan la soberanía nacional y alteran la relación bilateral México–Estados Unidos, al presuntamente subordinar decisiones internas a intereses extranjeros sin pasar por controles constitucionales o legislativos. No descartaron llevar el caso a instancias internacionales si no hay respuesta de las autoridades mexicanas.
En la denuncia se menciona como presuntos responsables a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a las titulares y titulares de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, Hacienda, la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia.
