Las organizaciones criminales en México han utilizado munición calibre .50 fabricada para el Ejército de Estados Unidos en ataques contra policías, militares y civiles, lo que ha elevado de forma alarmante el nivel de violencia en varias regiones del país. Investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y The New York Times revelan que cartuchos producidos en la Lake City Army Ammunition Plant, una planta propiedad del gobierno estadounidense, han sido asegurados en múltiples escenas del crimen en México.
Uno de los casos más emblemáticos ocurrió el 30 de noviembre de 2019 en Villa Unión, Coahuila, cuando un convoy de hombres armados con rifles y ametralladoras calibre .50 atacó a policías locales y estatales. El saldo fue de 25 muertos, entre ellos cuatro agentes y dos civiles. En el lugar se localizaron al menos 45 casquillos marcados con las iniciales “L.C.”, correspondientes a Lake City, el mayor fabricante de munición para el Ejército de EE. UU.
De acuerdo con datos oficiales, desde 2012 la ATF ha incautado más de 40 mil cartuchos calibre .50 en estados fronterizos con México. Aproximadamente un tercio de esa munición proviene de Lake City, una proporción mayor a la de cualquier otro fabricante. Estas balas, diseñadas para perforar blindaje y destruir vehículos o aeronaves ligeras, también se venden legalmente a civiles en Estados Unidos, lo que facilita su tráfico ilegal de armas hacia México.
Especialistas advierten que, aunque el volumen de esta munición es menor frente a otros calibres, su potencia es decisiva. Los cárteles la han usado para derribar helicópteros, atacar convoyes policiacos y superar incluso el blindaje militar. Casos recientes confirman el uso de balas incendiarias perforantes, capaces de atravesar vehículos blindados.
El reporte subraya una contradicción clave: mientras Washington ha declarado a varios cárteles como organizaciones terroristas, munición fabricada para su propio ejército termina en manos de estos grupos. Para autoridades y analistas, el caso reaviva el debate sobre la regulación de la venta de municiones en EE. UU. y su impacto directo en la violencia en México.
