En México, la discusión sobre el presupuesto gira en torno a tres ejes: ingreso, gasto y deuda y suele centrarse en el balance de cada año, sin embargo, se pierden de vista los costos que el envejecimiento poblacional y el endeudamiento tendrán en el futuro.
Desde 2009, los presupuestos se han aprobado con desbalances sistemáticos. Aunque se ha recaudado más, el margen de maniobra se agota. Desde 2015, lo que México paga por los intereses de su deuda supera a todo el gasto federal destinado a la educación pública.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) analizó los costos y explica en su más reciente boletín: La creciente deuda en México. Diecisiete años de desbalances fiscales, que la rigidez del gasto público está generando un efecto de desplazamiento: cada peso adicional que se va a pensiones o deuda, , al igual que las transferencias crecientes de recursos a Pemex para enfrentar su situación financiera y laboral, es un peso menos para hospitales, escuelas e infraestructura. Esto no solo limita nuestra calidad de vida hoy, sino que frena la productividad de las y los jóvenes que mañana tendrán que sostener la economía con una base de contribuyentes cada vez más pequeña debido al cambio demográfico.
A partir del escenario planteado por el Paquete Económico 2026, la deuda pública como porcentaje del PIB se consolidaría en 53.6 % en 2030 (ya actualizado al cierre de 2025), con requerimientos financieros decrecientes hasta 3.0 % del PIB. Sin embargo, la supuesta estabilidad de la recaudación y del gasto público podría no estar incorporando ni la transición demográfica ni la incertidumbre financiera asociada al comportamiento esperado de las tasas de interés.
Una política fiscal sostenible permitiría proteger y blindar los recursos para salud y educación, los cuales son considerados pilares para el bienestar de la población en la política social del Gobierno Federal; evaluar el sistema de pensiones y la deuda, con una planeación que trascienda los ciclos anuales; y, finalmente, realizar ajustes a mediano y largo plazo, para evitar que estos sean drásticos e inmediatos.
Lograr unas finanzas públicas sostenibles no es solo un tema de números, es un acto de justicia para las futuras generaciones.
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