La reciente reforma en materia hídrica en México podría generar presión sobre las finanzas de estados y municipios, advirtió BBVA Research en su informe sobre el nuevo marco legal del agua.
El análisis señala que la nueva Ley General de Aguas prioriza el derecho humano al agua y establece que los organismos operadores no podrán suspender totalmente el suministro por falta de pago. Deberán garantizar una cantidad mínima para consumo básico.
Aunque la medida tiene enfoque social, el banco advierte que puede afectar la recaudación local. Actualmente, el cobro por suministro de agua representa en promedio 23% de los ingresos de gobiernos estatales y municipales. Limitar los cortes podría reducir incentivos de pago, sobre todo en entidades con baja eficiencia de cobro.
El reporte subraya que existe desigualdad en la capacidad recaudatoria. Mientras algunos organismos logran alta recuperación de ingresos, otros presentan rezagos importantes, lo que ya compromete su sostenibilidad financiera.
También alerta que aplicar la prohibición de cortes sin distinguir niveles de ingreso podría generar efectos regresivos. Hogares con mayor capacidad económica podrían beneficiarse en igual proporción que sectores vulnerables.
En paralelo, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales centraliza la gestión de concesiones bajo la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Se elimina la venta directa de concesiones entre particulares y se establece un esquema de reasignación controlado por la autoridad federal.
BBVA considera que el reto será equilibrar tres objetivos: garantizar el derecho humano al agua, mantener la viabilidad financiera de operadores locales y fortalecer la resiliencia hídrica ante sequías.
La implementación será clave para evitar impactos desproporcionados en estados y municipios y asegurar un uso eficiente del recurso.
