Desde la creación del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, los gobiernos subnacionales han dependido de las transferencias federales, gran parte de las cuales dependen del crecimiento económico y de los ingresos petroleros. Cuando estas variables fluctúan negativamente, la capacidad financiera y de decisión sobre las políticas públicas que se realizan localmente se ve comprometida.
En el boletín Estructura de ingresos en los estados 2026. Menos dependencia y aumento en recaudación propia, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), se presenta un panorama general de los ingresos en las 32 entidades federativas para 2026.
Dentro de los hallazgos más relevantes, se encuentra que los ingresos estatales totales, como porcentaje del PIB, serían los más bajos desde 2018. Sin embargo, la dependencia al gasto federalizado en 2026 pasaría a 81.7 %, una disminución de 0.7 puntos porcentuales respecto a 2025. Pese a que los ingresos propios se han mantenido estables como porcentaje del PIB, se espera que en 2026 estos sean 4.7 % mayores a lo aprobado en 2025.
Se reconoce además que 22 gobiernos estatales harán un esfuerzo para aumentar sus ingresos propios (con Nuevo León, Colima y Durango a la cabeza). Asimismo, se estima que los ingresos estatales per cápita promedio en 2026 serían de 3 mil 478.1 pesos. Estos van desde los 820.9 pesos per cápita en Guerrero a 15 mil 239.9 pesos en CDMX.
Resulta necesario que los gobiernos subnacionales impulsen su recaudación propia a través de una mejora en la capacidad técnica de las haciendas locales para aprovechar los instrumentos fiscales que ya existen, como en el caso del predial, la tenencia y el impuesto sobre nóminas; así como explorar figuras como los impuestos ambientales o el ajuste de tributos actuales bajo criterios de equidad y sostenibilidad, reconociendo las estrategias diferenciadas que requiere cada entidad.
Asegurar que los estados cuenten con mayores recursos propios se traduce en no solo una mayor autonomía fiscal, sino en más y mejores políticas públicas para garantizar los derechos de sus comunidades.
