En México, la inversión pública se ha mantenido en niveles bajos, 3.1 % del PIB en 2025. Al primer bimestre de 2026, la inversión física se contrajo 44.6% respecto del mismo período del año previo. Ante este panorama, el Estado mexicano ha impulsado planes y cambios normativos como es el caso del Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026- 2030, el cual contempla recursos adicionales al presupuesto por billones de pesos y la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar con los que busca revertir la tendencia negativa.
Con este nuevo marco legal se busca dar certidumbre a los inversionistas y promover proyectos de inversión mixta en los que participarán los sectores público, privado y social, así como vehículos de inversión para financiarlos.
El desafío de esta iniciativa es elevar la inversión hacia los estándares internacionales de entre el 4.0 % y 6.0 % del PIB sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas ni la calidad del gasto. La nueva Ley contiene cuatro objetivos principales: 1) Expedir un marco legal para regular las inversiones mixtas en infraestructura; 2) Crear nuevos vehículos de inversión; 3) Regular los Contratos de Inversión Estratégica; y 4) Establecer un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en el boletín: Hacia el fortalecimiento de la inversión pública: Planes y acciones 2025-2030, advierte que la efectividad de este plan dependerá de una gobernanza sólida.
Asimismo, expone que la complejidad de coordinar a múltiples actores y nuevos vehículos de inversión exige máxima transparencia y rigor técnico en los estudios de factibilidad para evitar riesgos de corrupción o ineficiencia.
Foto: Obra del malecón de Acapulco por Fonatur.
