El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas vinculados al Cártel de Sinaloa.
La acusación fue presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York e incluye cargos por conspiración para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, así como por facilitar operaciones del crimen organizado desde cargos públicos.
Junto con Rocha Moya fueron señalados Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán.
De acuerdo con el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance Cole, los acusados habrían utilizado sus cargos para proteger las operaciones del cártel, facilitar información sensible de cuerpos de seguridad y permitir el tránsito de cargamentos de droga con destino a territorio estadounidense.
La acusación sostiene que los funcionarios habrían recibido sobornos millonarios a cambio de brindar protección institucional al grupo criminal y garantizar impunidad a la facción de “Los Chapitos”.
En el caso de Rocha Moya, la justicia estadounidense sostiene que su llegada al gobierno de Sinaloa fue favorecida por apoyo criminal y que, ya en el cargo, permitió a “Los Chapitos” operar con protección política en la entidad.
El documento judicial también señala que integrantes de corporaciones estatales y municipales, incluida la policía de Culiacán, habrían sido utilizados para resguardar cargamentos, filtrar operativos y proteger estructuras delictivas.
El caso marca una de las acusaciones más graves emprendidas por Estados Unidos contra funcionarios mexicanos en activo y abre un nuevo frente de presión política y judicial sobre el gobierno mexicano y Morena.
