Atención desarticulada y financiamiento desigual
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) presenta su nuevo reporte titulado Los cuidados y las finanzas públicas. El ciclo de vida fiscal. Esta publicación analiza la relación entre el sistema fiscal mexicano y la organización social del cuidado, a lo largo del ciclo de vida, con el objetivo de reconocer, redistribuir, remunerar, reducir y representar los cuidados.
El análisis evidencia que el sistema fiscal no es neutral al género ni al ciclo de vida; y expone cómo las decisiones presupuestarias influyen en quién cuida y quién recibe atención. Ante un financiamiento desarticulado, el CIEP destaca la importancia de transitar hacia una estrategia institucional y fiscal integral que garantice recursos sostenibles y haga efectivo el derecho al cuidado.
Los cuidados sostienen la vida y el sistema económico
Cuidar permite que la vida cotidiana funcione: preparar alimentos, acompañar a una persona enferma, vigilar y dar apoyo a niñas y niños, atender a personas mayores o gestionar las necesidades del hogar son tareas indispensables para el bienestar social y económico. Aunque todas las personas necesitamos cuidados en algún momento, este trabajo suele permanecer invisible y recaer principalmente en las mujeres. Reconocer los cuidados como un derecho implica dejar de verlos como una responsabilidad privada de las familias y asumirlos como una tarea compartida entre el Estado, el mercado, la comunidad y los hogares. Una sociedad que cuida mejor también amplía la autonomía, el tiempo y las oportunidades de quienes cuidan y de quienes reciben cuidados.
El Estado debería articular quién cuida, quién recibe cuidados y cómo se distribuyen los costos
El cuidado también se decide desde las finanzas públicas. La forma en que el Estado recauda gasta y se endeuda influye en quién cuida, quién recibe cuidados y cómo se distribuyen los costos y responsabilidades entre hogares, empresas, comunidad y gobierno. Aunque existen avances presupuestarios, normativos e institucionales, todavía hace falta una política fiscal capaz de financiar y reorganizar el cuidado, así como de reducir la carga que hoy asumen principalmente las mujeres. Invertir en servicios, infraestructura, apoyos y empleo digno en el sector de cuidados no solo mejora el bienestar de las personas, también libera tiempo, amplía derechos y fortalece un sistema fiscal que sea funcional para las generaciones presentes y futuras.
Todas las personas participan en el sistema fiscal
El sistema fiscal mexicano no es neutral al género ni al ciclo de vida. Niñas, niños, jóvenes, personas adultas y personas mayores contribuyen de manera distinta al financiamiento público, ya sea mediante consumo, ingresos laborales, pensiones gravables o rendimientos, entre otros. La mayor aportación se concentra en la población de entre 30 y 59 años, justo en la etapa donde también recaen muchas de las responsabilidades económicas y de cuidado dentro de los hogares. Esta evidencia permite mirar los cuidados no solo como una necesidad social, sino como una pieza clave para sostener la participación laboral, la generación de ingresos e incluso la recaudación futura.
Primera infancia (0-5 años). Mayor dependencia menos gasto público.
Gasto per cápita: $3,134
Las niñas y niños de 0 a 5 años atraviesan la etapa de mayor dependencia y necesidad de cuidados dentro del ciclo de vida. Gran parte de estos cuidados continúa realizándose dentro de los hogares, especialmente por las mujeres, debido a la limitada cobertura de servicios de educación inicial y cuidado infantil. Además de la atención cotidiana, las familias enfrentan desafíos relacionados con la salud, la nutrición y el acceso a servicios básicos como el agua. Aunque existen programas públicos orientados a la primera infancia, todavía es necesario fortalecer una red de cuidados que permita acompañar el desarrollo temprano y reducir las cargas que hoy recaen principalmente en las familias.
Niñez media (6-12 años). Menos necesidad de cuidados; más transferencias sin redistribución en cuidados.
Gasto per cápita: $6,235
Durante la niñez media, la escuela se convierte en un espacio central para el aprendizaje y el desarrollo, pero los cuidados siguen siendo indispensables. Los hogares continúan asumiendo responsabilidades relacionadas con los traslados, la supervisión escolar, el acompañamiento emocional y la atención de necesidades de salud. A pesar de que la mayoría de las niñas y niños asiste a la escuela, persisten barreras asociadas con la discapacidad, las condiciones económicas y las desigualdades territoriales. Garantizar servicios educativos, infraestructura y entornos seguros es fundamental para que el cuidado no dependa exclusivamente de los recursos y capacidades de cada hogar.
Adolescentes (13-17 años). Necesidad de acompañamiento, más gasto y retos.
Gasto per cápita: $14,876
Las y los adolescentes de entre 13 y 17 años requieren cuidados que les permitan continuar estudiando, cuidar su salud, desplazarse de forma segura y construir autonomías. Al mismo tiempo, este grupo participa cada vez más en las tareas de cuidado dentro de los hogares, al apoyar en el cuidado de personas menores, mayores o con dependencia cuando los servicios públicos y las redes institucionales son insuficientes. En este contexto, las desigualdades en educación, salud, movilidad y conectividad no solo limitan sus oportunidades de desarrollo, sino que también pueden aumentar las responsabilidades de cuidado que asumen desde edades tempranas. Reconocer a las adolescencias como personas que reciben y también proveen cuidados es fundamental para construir políticas públicas que favorezcan una transición más equitativa hacia la vida adulta.
Personas jóvenes (18-29 años). Doble carga de cuidados y baja inversión para la independencia.
Gasto per cápita: $6,208
Las personas de entre 18 y 29 años dedican, en promedio, 56 horas a la semana al cuidado, más tiempo que cualquier otro grupo de edad. Esta situación ocurre en una etapa marcada por la búsqueda de empleo, la continuidad educativa y los esfuerzos por independizarse, en un contexto donde la vivienda es cada vez más costosa, los tiempos de traslado son elevados y las condiciones laborales suelen ser precarias. Aunque existen programas públicos que apoyan indirectamente a este grupo mediante programas de educación, salud, vivienda, movilidad y servicios básicos, aún hace falta una estrategia integral que reconozca que, reducir los costos de vivir, trasladarse y acceder a una vivienda, también es una forma de cuidar.
Personas adultas (30-59 años). Más personas que cuidan y sostienen el sistema fiscal con el menor gasto per cápita.
Gasto per cápita: $2,256
Las personas adultas de 30 a 59 años representan cerca de 38.6% de la población nacional y continuará creciendo en las próximas décadas. Esta etapa de la vida concentra simultáneamente la mayor participación laboral, son los principales contribuyentes y uno de los grupos etarios con mayor carga de cuidados dentro de los hogares. Cuando una persona adulta cuida a sus hijos, a sus padres o a un familiar dependiente, también está contribuyendo al bienestar colectivo y al desarrollo del país. La falta de servicios de cuidado accesibles, infraestructura adecuada y mecanismos de apoyo obliga a la población a resolver estas necesidades por cuenta propia y de manera privada, destinando tiempo, recursos y bienestar personal. El gasto público dirigido a apoyar sus necesidades de cuidado continúa siendo limitado frente a la magnitud de las responsabilidades que asumen. Resulta necesario fortalecer las políticas públicas que faciliten la conciliación entre trabajo y cuidado, mejorar el acceso a servicios e infraestructura y reconocer el valor de las personas que sostienen diariamente el bienestar de múltiples generaciones.
Personas adultas mayores (60 y más). Mayor gasto en pensiones y poco gasto en cuidados de largo plazo.
Gasto per cápita: $10,020
Las personas adultas mayores en México son 17.8 millones y serán el doble para 2050; sin embargo, el país no ha constituido un sistema de cuidados a la altura de esa realidad. Quienes más lo necesitan son personas con discapacidad, dependencia funcional, sin seguridad social ni recursos propios, son precisamente quienes menos acceso tienen a los servicios disponibles. El cuidado que el Estado no provee lo absorben las familias, y dentro de las familias, principalmente las mujeres. Siete de cada diez personas que cuidan a un adulto mayor en el hogar son mujeres, con frecuencia sin remuneración, sin descanso y sin red de apoyo. El gasto público destinado a este grupo existe, pero opera fragmentado entre pensiones, subsidios y hospitales. Lo que falta no es solo más presupuesto, sino un sistema de largo plazo con presencia en todo el territorio, que deje de tratar el envejecimiento como un problema familiar y lo reconozca como una responsabilidad colectiva.
Financiamiento desarticulado para cuidados a lo largo de la vida
México necesita pasar de una visión fragmentada del cuidado a una estrategia institucional y fiscal integral. Un sistema nacional de cuidados requiere el fortalecimiento de los ingresos permanentes, instrumentos financieros sostenibles, un gasto público suficiente, la coordinación entre niveles de gobierno y mecanismos de evaluación que permitan conocer si los recursos reducen desigualdades y amplían la autonomía de las personas. El Anexo 31 ayuda a visibilizar el presupuesto vinculado con cuidados, pero no sustituye la constitución de un sistema nacional de cuidados. Para que el derecho al cuidado sea efectivo, se requiere una arquitectura institucional y fiscal capaz de sostener servicios, infraestructura, personal capacitado y cobertura progresiva. Cuidar también requiere planear estratégicamente a largo plazo, recaudar más y gastar mejor, en beneficio de todas las generaciones incluyendo las del futuro.
