El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue vinculado a proceso por los delitos de desaparición forzada y ocultamiento de pruebas relacionados con el caso Ayotzinapa. Un juez federal determinó que existen elementos suficientes para continuar la investigación en su contra.
Tras una audiencia de casi 14 horas, que terminó durante la madrugada, el juez Mario Elizondo Martínez impuso prisión preventiva oficiosa al exmandatario, quien permanecerá en el CEFERESO número 1 del Altiplano.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, Aguirre habría recibido videos de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
La acusación sostiene que posteriormente habría ordenado destruir las grabaciones, consideradas relevantes para conocer el recorrido de policías y estudiantes antes de que se perdiera su rastro.
La defensa rechaza estas acusaciones. Su abogado, Guillermo Barradas, aseguró que presentó testimonios y otros elementos para demostrar que Aguirre se encontraba en Ciudad de México aquella noche. También anunció que apelará la resolución.
El Ministerio Público, sin embargo, sostiene que la reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ocurrió el 30 de septiembre y no la noche de los hechos, como afirma la defensa.
El juez otorgó cuatro meses a la Fiscalía para concluir la investigación complementaria.
Familiares de algunos de los estudiantes desaparecidos estuvieron afuera de la audiencia y consideraron la detención un avance en la investigación del caso Ayotzinapa.
