La diputada Erika Lorena Lührs Cortés, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para reformar la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero y reforzar las sanciones contra faltas administrativas graves.
La propuesta busca armonizar la legislación estatal con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y establecer reglas más claras para las autoridades encargadas de investigar y sancionar actos de corrupción.
Entre las conductas que contempla la iniciativa están el uso injustificado de personal de seguridad pública, pagos irregulares, contrataciones motivadas por intereses de negocios, simulación de actos jurídicos y violaciones a las normas para operar fideicomisos públicos.
En materia de cohecho, la propuesta plantea sancionar a quienes no devuelvan, dentro de un plazo de 30 días naturales, pagos recibidos en exceso.
Para el caso de peculado, se busca establecer expresamente la prohibición de utilizar a policías, personal de seguridad pública o integrantes de las Fuerzas Armadas como escoltas personales cuando no exista una justificación legal.
La iniciativa también plantea sanciones relacionadas con la desviación de recursos públicos, particularmente cuando se asignen remuneraciones, jubilaciones, pensiones, préstamos o liquidaciones sin fundamento legal.
Otro cambio contempla el abuso de funciones vinculado con conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género.
También plantea sancionar simulación de actos
La propuesta incorpora como falta administrativa grave la simulación de un acto jurídico cuando se utilicen terceras personas o identidades jurídicas para desviar recursos públicos en beneficio propio o de familiares hasta el cuarto grado.
También contempla sanciones por contrataciones indebidas motivadas por intereses de negocios y por incumplir las disposiciones aplicables a los fideicomisos públicos.
La legisladora argumentó que contar con definiciones precisas permitirá reducir vacíos legales y dar mayor certeza a las autoridades responsables de investigar y sancionar estas conductas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero, que deberá analizarla y elaborar el dictamen correspondiente.
Por ahora, se trata de una propuesta legislativa y no de una reforma aprobada. Su eventual aplicación dependerá del proceso de análisis y votación en el Congreso estatal.
