La diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez, de Morena, propuso incorporar al Código Penal de Guerrero el delito de “violencia en el entorno escolar”, con el objetivo de prevenir y sancionar agresiones dentro de la comunidad educativa.
La iniciativa fue presentada este 5 de octubre ante el Congreso de Guerrero y plantea atender conductas que afecten física, psicológica o emocionalmente a estudiantes, docentes, directivos, madres y padres de familia.
Calixto Jiménez señaló que el acoso escolar y otras formas de violencia tienen una incidencia importante entre estudiantes y advirtió que, en Guerrero, este problema ha sido identificado por niñas, niños y adolescentes como una de las razones para abandonar sus estudios.
La propuesta contempla como violencia en el entorno escolar las agresiones físicas o sexuales, violencia digital, intimidación, hostigamiento, acoso e insultos, siempre que afecten la integridad o la vida de alguna persona integrante de la comunidad educativa.
Las conductas podrían ser consideradas delito aunque ocurran fuera de los planteles, cuando estén relacionadas con el entorno escolar.
La legisladora aclaró que la propuesta no pretende criminalizar a los estudiantes. En el caso de adolescentes, plantea priorizar medidas de orientación, protección, prevención y apoyo psicológico especializado, conforme a la legislación nacional de justicia para adolescentes.
Para otros casos, la iniciativa contempla multas de 50 a 200 días, prisión de seis meses a cuatro años y tratamiento psicológico especializado, cuando así lo determine una autoridad judicial.
También propone la corresponsabilidad de madres, padres o tutores en la reparación integral del daño.
Las sanciones aumentarían hasta en una mitad cuando la víctima sea menor de edad, persona con discapacidad, adulta mayor o mujer embarazada. También aplicaría si existe abuso de autoridad o confianza, la agresión es cometida por un grupo o por interpósita persona, o mediante medios digitales.
La diputada sostuvo que la violencia escolar no debe normalizarse y llamó a fortalecer espacios educativos seguros para estudiantes y personal educativo.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia del Congreso de Guerrero para su análisis y dictaminación.
La propuesta abre ahora el proceso legislativo para determinar si estas conductas serán incorporadas formalmente al Código Penal estatal.
