El Gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha anunciado la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS), una entidad que patrullará redes sociales, aplicaciones, sitios web y la dark web para predecir y prevenir delitos. Este organismo, dependiente del Ministerio de Seguridad, utilizará sistemas de aprendizaje automático y estará liderado por el director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos.
La UIAAS se encargará de diversas tareas, como el análisis de imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real, patrullajes con drones, vigilancia de redes sociales para detectar amenazas, y revisión de comportamientos financieros sospechosos. Además, procesará grandes volúmenes de datos para crear perfiles de posibles criminales.
Esta medida ha generado preocupación entre organizaciones civiles y expertos en privacidad digital. El Observatorio de Derecho Informático Argentino cuestiona la falta de sustento en la resolución que justifica la creación de la UIAAS. También han expresado inquietud sobre el uso de tecnologías de reconocimiento facial, que podrían violar derechos fundamentales y han sido prohibidas en Buenos Aires.
El Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Universidad de Palermo advierte sobre el riesgo de que estas tecnologías se utilicen para perfilar a manifestantes y otros grupos, lo que podría entrar en conflicto con los derechos humanos. Además, Martín Becerra, investigador del CONICET, señala que la creación de la UIAAS contradice varios artículos de la Constitución Nacional y refuerza el poder represivo del Estado.
Javier Milei ha defendido el uso de la inteligencia artificial en la gestión gubernamental, buscando hacer los procedimientos más eficientes. Sin embargo, Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, ha criticado esta postura, señalando que ningún país responsable puede ser gobernado por una inteligencia artificial.
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