El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, ha reformado la Constitución local en materia de propiedad privada, homologando su principio al del artículo 27 de la Constitución federal. Esta reforma, publicada recientemente, busca evitar que el Poder Judicial interprete las leyes locales en favor de “los grupos económicos más poderosos” y es vista como un paso para revertir parte del “andamiaje neoliberal”, según el jefe de Gobierno.
Con la modificación del artículo tercero de la Constitución capitalina, ahora se establece que la propiedad en la Ciudad de México se regirá bajo los mismos términos que dicta el artículo 27 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, lo que incluye el respeto tanto a la propiedad privada como a la pública y social. Este artículo reconoce la propiedad originaria de las tierras y aguas como perteneciente a la Nación, permitiendo su transmisión a particulares, pero bajo la premisa de que las expropiaciones solo se realizarán por utilidad pública y con indemnización justa.
Batres subrayó que la reforma es esencial para garantizar un desarrollo justo y equitativo en la ciudad, enfatizando la supremacía de lo público sobre cualquier interés particular. También destacó que la medida fue impulsada tras advertencias sobre posibles riesgos de interpretación judicial que podrían favorecer a los intereses económicos más poderosos, como lo mencionó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
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