El futuro de CFE Telecomunicaciones está en el centro de una discusión crucial para el acceso a internet en México. Un dictamen de reforma propone modificar el artículo 28 para que el Estado sea el encargado de proporcionar el servicio de internet, aunque la Cámara de Diputados sugiere cambiar esta redacción a “internet gratuito en sitios públicos”.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, CFE Telecomunicaciones instaló más de 82,000 puntos de WiFi en escuelas, edificios públicos y centros de salud. Ahora, la nueva reforma busca darle más libertad para operar como una empresa de telecomunicaciones, permitiéndole ofrecer servicios comerciales, lo que podría transformar su papel actual.
Un aspecto clave que sigue sin aclararse es si CFE Telecomunicaciones podrá compartir o arrendar su infraestructura, y cómo encajará Altán Redes en este escenario. La Canieti (Cámara Nacional de la Industria de Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información) está a favor del acceso universal a internet, pero advierte que el proyecto podría darle al Estado ventajas desleales, afectando la competencia y desincentivando la inversión privada.
El dictamen también establece que el servicio de internet estatal no será considerado un monopolio, ya que no busca generar beneficios económicos. Sin embargo, los expertos advierten que esta decisión podría eliminar regulaciones que impiden la concentración de mercado, dejando a las empresas de telecomunicaciones en una situación de desventaja.
Es esencial garantizar que el acceso a internet se mantenga equitativo, sin comprometer la competencia y favoreciendo un entorno que impulse la innovación y beneficie a los usuarios.
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