Este 1 de noviembre, el Gobierno de Claudia Sheinbaum, a través del Diario Oficial de la Federación (DOF), formalizó la reforma de “supremacía constitucional”. Esta modificación, impulsada con rapidez tras la aprobación de 17 Congresos estatales y el Congreso de la Unión, añade un nuevo párrafo al artículo 105 de la Constitución, estableciendo que no se podrán impugnar las reformas constitucionales mediante controversias o acciones de inconstitucionalidad.
La reforma también afecta el artículo 107, eliminando la posibilidad de juicio de amparo contra reformas a la Constitución. Esto significa que las modificaciones aprobadas en el Congreso entrarán en vigor sin que el Poder Judicial pueda intervenir para suspenderlas.
El cambio ha generado preocupación en grupos empresariales, que advirtieron que esta reforma “debilita el sistema de contrapesos” y “pone en riesgo las garantías fundamentales”, al limitar los controles judiciales sobre decisiones legislativas. Además, abre la puerta para implementar sin obstáculos las reformas que el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso en febrero.