El gobierno mexicano aprobó un derecho de 860 pesos por servicios migratorios a turistas de cruceros que visiten el país, medida que podría incrementar la recaudación federal en 8,027 millones de pesos al año. Sin embargo, tras negociaciones con la Asociación de Cruceros de la Florida y el Caribe (FCCA), la implementación fue postergada hasta junio de 2025, según anunció el organismo.
Impacto esperado en el turismo
La FCCA advierte que el cobro desincentivará la llegada de cruceros, afectando destinos clave como Cozumel, Puerto Vallarta y Acapulco. Empresas navieras han señalado riesgos de cancelaciones de rutas, lo que podría impactar severamente las economías locales que dependen del turismo.
El sector turístico esperaba que los 9.33 millones de cruceristas proyectados para 2024 generaran divisas por 14,368 millones de pesos, pero el cobro podría disminuir estos ingresos, favoreciendo a destinos en el Caribe o Centroamérica.
Posturas encontradas
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la medida no es un nuevo impuesto, sino una actualización, y prometió diálogo con las empresas para mitigar los posibles efectos. Sin embargo, organismos como la CONCANACO-Servytur han expresado que la medida podría tener un impacto “desastroso”.
Por su parte, autoridades locales, como la Secretaría de Turismo de Guerrero, han pedido que el cobro se implemente de manera gradual para minimizar los efectos negativos en la industria turística.