Chihuahua, México, 1 de enero de 2025.- Un trágico episodio sacudió al estado de Chihuahua cuando Luis Alberto Olivas García, agente del Instituto Nacional de Migración (INM) con más de 30 años de servicio, fue asesinado el lunes en el punto de control migratorio Precos-Samalayuca, a 50 kilómetros de Ciudad Juárez. El ataque ocurrió tras solicitar a un grupo de migrantes que mostraran sus documentos.
De acuerdo con las autoridades, al menos dos personas de origen venezolano han sido detenidas como sospechosas del crimen, aunque un comunicado del INM mencionó que tres personas —dos venezolanos y un colombiano— estarían involucradas. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad de Chihuahua no ha confirmado esta última información, dejando abierta la posibilidad de futuras detenciones.
El informe preliminar señala que Olivas García sufrió múltiples heridas, incluidas lesiones causadas por un arma punzocortante y un golpe mortal en la cabeza con una roca. Paradójicamente, horas antes del ataque, el agente había recibido un reconocimiento por sus años de servicio.
Contexto migratorio y tensiones crecientes
El asesinato ocurre en un momento crítico para la política migratoria de México y Estados Unidos. Mientras México intensifica sus medidas de control fronterizo, los cruces ilegales hacia territorio estadounidense han disminuido considerablemente. No obstante, estas acciones han generado tensiones, especialmente entre los migrantes que buscan ingresar antes de la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, el próximo 20 de enero.
Expertos como Tonatiuh Guillén, exdirector del INM, advierten que este asesinato podría ser utilizado como justificación para endurecer aún más las políticas migratorias, no solo en México sino también en Estados Unidos. Por otro lado, organizaciones defensoras de derechos humanos temen un aumento en el uso de tácticas más agresivas contra los migrantes.
Reacciones internacionales
Mientras las autoridades venezolanas no han emitido comentarios, una portavoz del gobierno colombiano aseguró que investigan el incidente. Por otro lado, la opinión pública en México se encuentra dividida, con algunos sectores exigiendo mayor protección para los agentes migratorios y otros pidiendo garantizar los derechos humanos de los migrantes detenidos.