La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, incluyendo la extorsión, narcomenudeo, tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, y la defraudación fiscal.
La reforma, impulsada por Morena, también limita la capacidad de los jueces y la Suprema Corte de liberar a personas mediante interpretaciones legales.
La medida ha sido criticada por su impacto en los derechos humanos y la presunción de inocencia.
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