El asesinato a sangre fría de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, ha encendido las alarmas en el ámbito político nacional. El crimen, ejecutado con precisión quirúrgica por un comando de al menos cuatro sicarios, ocurrió al amanecer del martes sobre Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez. Las víctimas, con años de servicio junto a Brugada, fueron ejecutadas sin previo aviso ni amenazas conocidas.
El ataque fue perpetrado con una pistola calibre nueve milímetros cuyo rastro balístico no arroja vínculos con crímenes anteriores. El asesino disparó a quemarropa y huyó a bordo de una motocicleta que luego fue abandonada, continuando la huida en otros dos vehículos robados. Las autoridades reconocen que se trata de un crimen de alto grado de planeación, en el que los responsables no dejaron huellas ni ADN en la escena.
A pesar del despliegue de peritos y el seguimiento a través de las cámaras de vigilancia del C5, no hay sospechosos detenidos, ni pistas firmes sobre el móvil. El caso es tratado con prioridad máxima por la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras la fiscalía capitalina y la Secretaría de Seguridad Ciudadana coordinan esfuerzos con autoridades del Estado de México, donde se cree escaparon los asesinos.
Aunque las víctimas no eran figuras mediáticas, su cercanía con Brugada plantea la posibilidad de un mensaje político en el crimen. La jefa de Gobierno expresó su dolor públicamente y la investigación no descarta ninguna línea, incluyendo un ataque directo a su administración. La falta de avances y la ejecución impecable del crimen exhiben una preocupante vulnerabilidad institucional.