En los últimos años, México ha intensificado el uso de bonos sostenibles (instrumentos de deuda) para financiar proyectos que generen beneficios ambientales, sociales o ambos. Sin embargo, el uso de estos recursos plantea interrogantes sobre su efectividad para generar impactos estructurales y sostenibles en el tiempo.
En ese contexto, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), evaluó la evolución y el desempeño de los bonos sostenibles: bonos verdes (actividades con impacto ambiental positivo); bonos azules (proyectos de pesca y acuacultura sostenibles), bonos sustentables (proyectos o actividades verdes y sociales); y bonos soberanos sustentables (alineados con los ODS).
En el documento ‘Bonos sostenibles en México’, el CIEP refiere que entre 2015 y 2024, México emitió más de 678 mil mdp en bonos sostenibles. El 55.6% de este monto correspondió a bonos soberanos sostenibles que emite el gobierno federal y se integran al Proyecto de Egresos de la Federación (PEF). Una vez en el presupuesto, los recursos se asignan a programas presupuestales específicos.
A pesar de que las leyes establecen la priorización del uso de deuda para inversión en infraestructura, programas como las Becas Benito Juárez y Sembrando Vida concentraron el 18.3% (21 mil 046 mdp) y 19.2% (22 mil 299 mdp) de bonos soberanos sostenibles en 2022 y 2023. Lo que podría limitar el impacto estructural de estos instrumentos y debilitar su justificación como mecanismos de financiamiento sostenible.
Los bonos sostenibles ofrecen condiciones financieras favorables, con tasas de interés más bajas que la deuda tradicional. No obstante, para que cumplan su propósito, es crucial establecer reglas claras, mejorar la transparencia y garantizar que los recursos se destinen a proyectos con impactos económicos, sociales y ambientales sostenibles y verificables.
Por lo tanto, es esencial reestructurar el diseño e implementación de los bonos sostenibles para garantizar su impacto a largo plazo. Estos instrumentos representan una oportunidad única para financiar el desarrollo sostenible, pero su éxito depende de un diseño responsable que priorice el beneficio estructural de la sociedad.