Con 331 votos a favor y 126 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), para crear en su lugar un nuevo órgano desconcentrado denominado “Transparencia para el Pueblo”, dependiente de la Secretaría Anticorrupción. La medida, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, también establece nuevas leyes en materia de transparencia y protección de datos, lo que ha generado fuerte controversia en el Congreso.
La nueva entidad será responsable de administrar la Plataforma Nacional de Transparencia, gestionar solicitudes de información y medios de impugnación, y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de todos los entes públicos, incluidos los partidos políticos y los organismos autónomos. Además, la ley obliga a publicar detalles como sueldos, viáticos, contratos y declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.
Sin embargo, se establece como información reservada aquella que, según el Ejecutivo, comprometa la seguridad nacional, la paz social o interfiera con la prevención de delitos. Esto ha encendido las alarmas de legisladores opositores, quienes advierten que temas como los sobrecostos de obras públicas o la compra de medicamentos podrían quedar fuera del escrutinio público.
Desde el oficialismo, se argumenta que esta reforma ahorrará al país más de mil millones de pesos al año al reducir la estructura burocrática. No obstante, voces críticas señalan que centralizar el control de la información en el Ejecutivo pone en riesgo la rendición de cuentas y podría derivar en mayor impunidad y corrupción.
La reforma ya fue turnada al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor, en medio de una creciente preocupación sobre el futuro del acceso a la información en México.
