El 26 de septiembre de 2014, México vivió uno de los episodios más dolorosos de su historia reciente: la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Once años después, el caso sigue marcado por la falta de justicia, contradicciones en las investigaciones y la exigencia constante de las familias.
Aquella noche, los normalistas fueron atacados por policías municipales, estatales y federales. La versión oficial conocida como la “verdad histórica” afirmó que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en Cocula, pero esa narrativa fue desacreditada por organismos internacionales y por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que documentó manipulación de pruebas y tortura.
Con el paso de tres gobiernos, el caso ha derivado en nuevas investigaciones. En 2025, se emitieron órdenes de captura contra militares presuntamente implicados, aunque algunos fueron liberados por falta de pruebas. Además, la Suprema Corte instruyó a la Fiscalía General de la República a transparentar partes de la carpeta de investigación, mientras que el Gobierno federal busca sumar especialistas de la ONU para dar seguimiento al proceso.
Las familias de los normalistas no han dejado de movilizarse, manteniendo vivo el reclamo de justicia. El antimonumento “+43” en Paseo de la Reforma y las protestas en distintos puntos del país recuerdan que el caso Ayotzinapa sigue abierto y que la exigencia principal es la misma desde hace 11 años: la presentación con vida de los 43 estudiantes.