La Fiscalía General del Estado de Guanajuato enfrenta su mayor crisis tras el ciberataque del 8 de noviembre. El grupo Tekir APT liberó más de 10 GB de información robada y asegura haber sustraído hasta 250 GB. En los archivos filtrados hay bases de datos internas, registros de personas detenidas, documentos de investigación y hasta capturas de cámaras de seguridad, lo que incrementa el riesgo para personal operativo.
Especialistas en ciberseguridad señalan que el ataque comprometió todos los subdominios y borró respaldos críticos, un escenario grave para la seguridad digital del estado.
Aunque la fiscalía negó un secuestro de información, trabajadores reportan casi dos semanas sin acceso a sistemas. Expertos advierten que los datos filtrados podrían afectar investigaciones y ser usados por grupos criminales, en un contexto donde Guanajuato sigue entre los estados con más violencia.
