Ciudad de México, 1 de enero de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum oficializó mediante el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución, que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta medida busca combatir la impunidad en delitos de alto impacto como la extorsión, el tráfico de drogas sintéticas, el contrabando y la emisión de comprobantes fiscales falsos, comúnmente atribuidos a empresas “factureras”.
La reforma establece que los jueces deberán ordenar prisión preventiva en casos que involucren precursores químicos esenciales, sustancias como el fentanilo y actividades relacionadas con su producción, importación y distribución. Además, la modificación apunta a garantizar un mayor control en delitos de carácter financiero y del crimen organizado.
Contexto legislativo
El 4 de diciembre pasado, la Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de esta reforma tras obtener el aval de 20 congresos estatales, incluidos los de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, y la Ciudad de México. Este respaldo garantizó la entrada en vigor de la enmienda, que ahora será aplicada en todo el territorio nacional.
Impacto esperado
El gobierno federal ha señalado que esta reforma representa un paso importante para enfrentar actividades delictivas que afectan directamente la seguridad y economía del país. Sin embargo, también ha generado debates entre expertos en derechos humanos y juristas, quienes señalan la necesidad de equilibrar las medidas de seguridad con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados.