El Senado de la República aprobó, en una sesión marcada por confrontaciones entre Morena y la oposición, la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe de manera absoluta la producción, importación, exportación, comercialización y publicidad de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares en todo el país. El dictamen fue avalado con 76 votos a favor y 37 en contra, y ahora será turnado al Ejecutivo federal para su promulgación.
La mayoría oficialista defendió la reforma argumentando riesgos graves para la salud, especialmente entre adolescentes. Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, señaló que existe evidencia de un aumento acelerado del consumo de vapeadores entre jóvenes, quienes están expuestos a nicotina y sustancias tóxicas que dañan pulmones y sistema cardiovascular. Subrayó que la medida no criminaliza a consumidores, sino a quienes introducen al mercado productos nocivos.
La oposición rechazó la iniciativa al considerar que la prohibición impulsará el mercado ilegal. Legisladores del PAN advirtieron que el crimen organizado podría asumir el control de la venta clandestina, agravando riesgos para la salud al no existir regulación alguna. La priista Carolina Viggiano acusó a Morena de aprobar cambios sin sustento técnico, mientras que el senador de MC, Luis Donaldo Colosio, alertó que la prohibición podría replicar el fracaso de restricciones previas, como la venta de cigarrillos a menores.
Morena sostuvo que la reforma está acompañada de acciones paralelas como fiscalización, campañas de prevención y programas de cesación para adultos. Desde el PVEM, Rocío Corona Nakamura defendió que se busca frenar “una epidemia silenciosa” que avanza disfrazada de sabores y dispositivos coloridos, recordando que la OMS identifica más de 200 sustancias tóxicas en estos aparatos.
Tras un intenso intercambio de señalamientos entre legisladores, la minuta enviada por la Cámara de Diputados fue aprobada sin cambios. Con esta votación concluyó el primer período del segundo año legislativo, aunque se dejó abierta la posibilidad de sesionar antes del 15 de diciembre en caso de alguna emergencia.
