La Operación Caudal, desplegada por autoridades del Estado de México, reveló la magnitud del robo y comercialización ilegal de agua en la entidad. Según reportes oficiales obtenidos por Milenio, el 68.75% del “aguachicol” ocurre en el Valle de México y la zona oriente, donde se detectaron la mayoría de pozos y tomas clandestinas, así como redes de distribución que abastecen a comunidades y negocios mediante pipas irregulares.
En total, el operativo abarcó 48 municipios, con 189 inmuebles intervenidos, 51 pozos localizados y 138 tomas clandestinas aseguradas. Además, se incautaron 322 pipas y 37 vehículos, y se detuvo a siete personas en flagrancia.
La investigación, impulsada por la Fiscalía del Estado de México, la Comisión del Agua (CAEM) y fuerzas federales, estableció que los municipios de Ecatepec, Tlalnepantla, Cuautitlán, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl concentran el grueso del negocio ilícito. En esas zonas, el agua sustraída era vendida en el mercado informal sin potabilización adecuada, representando un riesgo sanitario.
En el Valle de Toluca, que concentra el 20.8% del total, se ubicaron centros de acopio y rutas de transporte hacia el área metropolitana, mientras que las zonas norte y sur del estado operaban como fuentes de extracción secundaria y enlace logístico.
La gobernadora Delfina Gómez Álvarez aclaró que la Operación Caudal “no es una cacería”, sino un proceso de regularización para ordenar el uso del agua, garantizar su acceso y sancionar las prácticas fuera del marco legal. “No se busca afectar a quienes brindan un servicio, pero sí regular”, afirmó.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte, sostuvo que no hay desabasto, sino un reordenamiento del sistema hídrico. Explicó que varios pozos operaban sin autorización o extraían más caudal del permitido.
La CAEM, en respaldo al operativo, distribuyó más de 7.9 millones de litros de agua entre hospitales, clínicas y centros penitenciarios, beneficiando a más de 143 mil personas durante la última semana de octubre.
El operativo permitió dimensionar la extensión territorial del “aguachicol”, un negocio que combina extracción clandestina, transporte ilegal y venta directa de agua no tratada, y que según las autoridades, podría involucrar a funcionarios municipales actualmente bajo investigación.
