El Congreso de México ha iniciado su 66ª Legislatura con un claro mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador: avanzar con una serie de reformas constitucionales que marcarán su legado. Entre ellas, la reforma al Poder Judicial se perfila como la más significativa, con un impacto potencial que podría superar cualquier cambio estructural en las últimas décadas.
La reforma judicial, que Morena pretende tener lista en un plazo máximo de quince días, podría ser el último gran logro de López Obrador, justo a tiempo para la ceremonia del Grito de Independencia el 15 de septiembre. Con una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso, Morena y sus aliados se preparan para aprobar esta reforma junto con otras enmiendas importantes, como la que dará control operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Esta concentración de poder legislativo ha generado preocupación entre algunos analistas, quienes ven en estas reformas un retorno a los tiempos del PRI hegemónico. Agustín Basave Benítez, politólogo y profesor de la Universidad de Monterrey, ha señalado que la reforma judicial propuesta es una “venganza” de López Obrador por decisiones judiciales que no le favorecieron durante su mandato.
Por otro lado, Marcela Bravo Ahuja, catedrática de la UNAM, sostiene que el actual escenario político no es un regreso al pasado, sino una expresión de la eficiencia de los gobiernos unificados, que depende de la capacidad de los actores políticos para gobernar.
El Congreso, dominado por Morena y sus aliados, tiene el poder de aprobar la agenda legislativa de López Obrador sin necesidad de apoyo de la oposición. Con una oposición debilitada y una mayoría que podría seguir influyendo en el próximo sexenio bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, el papel del Congreso y su relación con el Ejecutivo será clave en los próximos años.
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