A pesar de contar con leyes y tratados internacionales que garantizan la inclusión, México continúa excluyendo del empleo formal a millones de personas con discapacidad. Según el INEGI, solo el 39.3% de la población con discapacidad en edad laboral participa en el mercado de trabajo, frente al 65% de quienes no la tienen. Además, el CONAPRED señala que ganan, en promedio, 34% menos, incluso cuando realizan funciones similares.
Expertos denuncian que esta brecha es producto de barreras físicas, culturales y legales que el país aún no ha superado. Aunque en 2007 México ratificó la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su aplicación sigue siendo limitada y simbólica.
El sector público tampoco ha dado el ejemplo, pues muchas dependencias apenas cumplen cuotas simbólicas sin crear verdaderos espacios inclusivos. Activistas señalan que es hora de dejar de tratar a las personas con discapacidad como casos especiales y comenzar a integrarlas plenamente como ciudadanos con derechos y capacidades.